En la capital colombiana, esta mujer ha logrado que se reconozca el valor de su duro oficio.

Nohra Padilla tenía siete años de edad cuando se unió al negocio de su familia. Una madrugada su madre la llevó en una carreta desde el barrio pobre donde vivían, en Bogotá, Colombia, hasta un vertedero en expansión. Con su madre y varios de sus 11 hermanos y hermanas, Nohra buscó entre la basura materiales reciclables —vidrio, metal, papel, cartón— que pudieran vender por algunos pesos, así como comida, ropa y cualquier otra cosa aprovechable. “El hedor era terrible”, recuerda. Pero se sentía feliz de ayudar a su familia.

La familia de Nohra había emigrado del campo a la capital a mediados de los años 40, huyendo de la violencia que azotaba algunas zonas del país desde hacía décadas. Al igual que muchos otros campesinos desplazados, sus abuelos se ganaban la vida recogiendo materiales reciclables. Los padres de Nohra siguieron el mismo camino, pero querían que sus hijos recibieran educación. Después de trabajar en el vertedero de las 4 a las 10 de la mañana, Nohra pasaba la tarde en la escuela. Le encantaba encontrar libros entre los desperdicios y leerlos ávidamente.

Cuando tenía 12 años vio morir a su padre, a consecuencia de un accidente; sin embargo, logró terminar la secundaria y luego el bachillerato. Incluso pasó unos meses en la universidad, pero la necesidad de ingresos de su familia la obligó a dedicarse al único trabajo que conocía.

Poco después, en 1987, el gobierno bogotano anunció su plan de sustituir el vertedero con un moderno “relleno sanitario”, de acceso prohibido a los recicladores: 200 familias que dependían del vertedero para vivir. Ante esto, Nohra ayudó a organizar cooperativas para defender el medio de subsistencia de los recicladores. El municipio les dio permiso limitado para recoger materiales reciclables en las calles de Bogotá.

Sin embargo, las calles resultaron ser un lugar de trabajo aún más duro. La competencia por los desechos era feroz, sobre todo con las empresas privadas de recolección de basura que tenían contratos con el gobierno local. Los recicladores eran golpeados por matones a sueldo, hostigados por la policía y robados por asaltantes. Pese a ello, “la mayoría de la gente nos consideraba vagabundos y drogadictos”, recuerda Nohra. Los transeúntes solían insultarla mientras ella hurgaba en contenedores pestilentes.

En 1990 las cooperativas formaron la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB). Nohra se convirtió en reclutadora. Paramilitares derechistas prohibieron la entrada a ciertos barrios a los “alborotadores” de la ARB, y mataron a algunos para demostrar su postura. Nohra redobló esfuerzos en todas partes. En sus ratos libres tomaba cursos de política pública y economía ofrecidos por una organización de servicio social dirigida por jesuitas. Más tarde regresó a la universidad y obtuvo un título en planeación urbana. Poco a poco subió de posición en las filas de la ARB.

Al principio, la asociación se centraba en objetivos económicos modestos; por ejemplo, en ayudar a los miembros a vender los materiales reciclables directamente a la industria para obtener mejores precios que los que pagaban los intermediarios. Luego Nohra identificó otra necesidad esencial: cambiar el sitio de los recicladores dentro de la sociedad. “Nosotros sabíamos lo mucho que nuestro trabajo beneficiaba a nuestros conciudadanos”, dice. “El reto era lograr que reconocieran nuestro valor”.

En 2002, a Nohra la eligieron directora ejecutiva de la ARB (cargo que ocupa hasta la fecha). Poco antes, las autoridades de Bogotá habían anunciado un plan maestro que restringía la recolección de basura a las empresas registradas; a los recicladores se les prohibía trabajar en sus rutas habituales. Nohra se opuso al plan, argumentando que violaba el derecho de toda persona al trabajo, garantizado por la Constitución de Colombia. Durante años mantuvo la presión política y jurídica, al tiempo que expandía laARB de unos pocos cientos de miembros a más de 3,000. También logró que la asociación operara dos modernos centros de reciclaje, donde los recicladores reciben mejores precios por sus materiales, así como alimentos, servicios médicos y de guardería y capacitación gratuitos.

Estos esfuerzos enfurecieron a los opositores de Nohra. Le robaron la computadora y el pasaporte, y sembraron rumores escandalosos sobre ella en la prensa. Arrestada bajo acusaciones falsas, estuvo presa ocho días en una cárcel infestada de ratas. Aunque al final la absolvieron, la batalla la dejó muy endeudada.

La campaña de Nohra empezó a dar frutos en diciembre de 2011, cuando la Corte Constitucional de Colombia dio instrucciones específicas al gobierno de Bogotá para garantizar el derecho de los recicladores a ganarse la vida. Un año después, el alcalde de la ciudad anunció que la ciudad empezaría a pagar a los recicladores informales el equivalente de 400 dólares al mes, cantidad comparable al salario de otros trabajadores sanitarios.

Los primeros pagos, hechos a cuentas accesibles por teléfono celular, tuvieron efecto en marzo de 2013. En la sede de la ARB, “la gente sostenía en alto los teléfonos y lloraba de alegría”, refiere Nohra. “Por primera vez podían darse el lujo de comprar pescado para sus familias a fin de celebrar la Semana Santa”.

A la larga, los 7 millones de habitantes de Bogotá se beneficiarán de la ambiciosa visión de Nohra. Los recicladores informales permiten una reutilización productiva de 15 por ciento de la basura de la ciudad: 600 toneladas al día. Al apoyarlos, según sus defensores, la capital podría mejorar la conservación de sus recursos naturales, aligerar la carga de los vertederos saturados y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y residuos tóxicos.

Hoy, a sus 45 años, Nohra es una elegante mujer cuyas suaves facciones y sonrisa fácil ocultan su determinación férrea. Como presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia, lucha por hacer que otros municipios se beneficien de la experiencia de Bogotá. Ha viajado hasta la India y Senegal para hablar con recicladores, y es una invitada habitual a las conferencias sobre cambio climático de la ONU. En abril de 2013 voló a San Francisco, California, para recibir el Premio Ambiental Goldman, considerado el Nobel ecologista. El jurado la elogió por “allanar nuevos caminos” en el manejo de desperdicios en los países en vías de desarrollo en todo el mundo.

Nohra aún se enorgullece de su profesión. “Me gustaría que mis hijos fueran recicladores cuando crezcan, aunque en mejores condiciones”, señala, refiriéndose a los dos hijos pequeños que tiene con su esposo, Silvio Ruiz Grisales, un colega líder de la ARB. “Quiero que estén orgullosos de este trabajo”.